Agricoltura
La soja producida en el Estado de Pará se ajusta al protocolo socio-ambiental
Diecinueve de las 35 empresas signatarias del Protocolo fueron auditadas. Representan el 90% de la soja del estado, unos 3,2 millones de toneladas. Cabe destacar que las empresas miembros de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE) y de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC) tuvieron altos índices de cumplimiento: ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, CHS, COFCO y Glencore, todas tuvieron evaluaciones de 94,09% o más.
Firmado en 2014 por el gobierno del estado de Pará, los municipios y las empresas de la cadena de producción de cereales, y con la intermediación del Ministerio Público Federal, el acuerdo establece la responsabilidad del sector productivo de evitar el comercio de productos provenientes de áreas que fueron deforestadas ilegalmente, que estaban bajo embargo ambiental, que no estaban registradas o estaban en situación irregular en el Registro Ambiental Rural (CAR), que tenían mano de obra esclava o que se superponían a unidades de conservación y tierras indígenas.
Según Bernardo Pires , Responsable de Sostenibilidad de ABIOVE, el Protocolo establece procedimientos de compra que aseguran el origen legal de la producción agrícola, garantizando el mantenimiento de mercados exigentes en cuanto a criterios socioeconómicos y de sostenibilidad. Este compromiso refuerza el Código Forestal, destacando el Registro Ambiental Rural (CAR) como herramienta de planificación ambiental, garantizando la seguridad jurídica y aportando valor a la cadena de producción de cereales.
"Este es un ejemplo positivo de cómo una iniciativa de gobernanza ambiental público-privada contribuye eficazmente a la sostenibilidad en los procesos de producción y, en consecuencia, a la imagen del agronegocio brasileño".
Pires destacó además las mejoras del programa y su evolución. "En los dos últimos años de cosecha auditados (2018/19 y 2019/20), las no conformidades en las diecinueve empresas auditadas promediaron el 5,8%, significativamente menor que el promedio del 14,6% registrado en la auditoría de doce empresas en el año de cosecha 2017/18. Estos resultados traen una sensación de misión cumplida y, aun reconociendo que todavía se pueden hacer mejoras, nos muestran que es perfectamente posible conciliar la expansión de la producción agrícola con los criterios legales de sostenibilidad", concluyó Pires.